La respuesta del derecho internacional a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado

El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (‘FARC’), si bien ha significado que estas últimas (a excepción de sus disidencias) se hayan transformado en un movimiento político, no ha supuesto en ningún caso la finalización de las dinámicas de violencia en Colombia. Las economías ilegales, especialmente aquellas desarrolladas alrededor del narcotráfico, se mantienen en muchas de las regiones más apartadas del territorio nacional, lo que ha favorecido la pervivencia de numerosas organizaciones armadas ilegales que siguen amenazando a las comunidades y llegan en ocasiones a afectar el orden público y la seguridad nacional.Estas organizaciones, que conforman un sistema organizacional que fluctúa de acuerdo con las condiciones del contexto, constituyéndose en redes de grupos e individuos en proceso de constante adaptación, han sido clasificadas en diversas categorías: (i) Grupos Armados Organizados (‘GAOs’), que tienen mayor capacidad para el uso de la fuerza y la regulación de dinámicas territoriales (Clan del Golfo, los Puntilleros, el Ejército de Liberación Nacional (‘ELN’), y los Pelusos); (ii) Grupos Armados Organizados Residuales (‘GAORs’), categoría utilizada para incluir a las disidencias de las FARC; (iii) Grupos Delincuenciales Organizados (‘GDOs’), que disponen de menor capacidad de uso de la fuerza armada, de manera que, si bien pueden afectar el orden público y amenazar a las comunidades, no llegan a poner en riesgo la seguridad nacional (los Rastrojos, los Caqueteños, la Cordillera o los Botalones); y (iv) otros grupos que actúan en los procesos de producción y tráfico de drogas, como ‘agencias de cobro’, grupos criminales menores, e individuos y narcotraficantes de menor visibilidad. Sin embargo, en diferentes estudios, un buen número de estas organizaciones son incluidas en la categoría general de bandas criminales (‘Bacrim’), que emergieron tras la desmovilización parcial de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, como parte de la lógica adaptativa del sistema organizacional de la economía ilegal del narcotráfico. Las Bacrim han sido definidas por el International Crisis Group (2012) como ‘estructuras delincuenciales, nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país’. Rojas (2011) afirma que, si bien las Bacrim no buscan el poder político, su objetivo principal es alcanzar el poder económico y social a través de acciones de violencia focalizada, con un ámbito de actuación transnacional. Para Prieto (2013), las Bacrim constituyen un fenómeno (i) propio del crimen organizado; (ii) construido alrededor del narcotráfico y otras actividades económicas lícitas e ilícitas como la minería, la micro- extorsión o el micro-tráfico; (iii) desligado teóricamente de las lógicas del conflicto armado en términos jurídicos y militares; (iv) de bajo perfil, urbano, con estructuras en su mayoría no militares, pero con capacidad para administrar territorios y ejercer amplio control social en lo local; (v) con capacidad para realizar alianzas transitorias con grupos guerrilleros en el nivel nacional, y con cárteles y redes criminales a nivel internacional; (vi) con capacidad para infiltrar instituciones y corromper miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos; y (vii) responsable de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y hechos de reclutamiento forzado de menores, entre otros hechos delictivos. El sistema organizacional alimentado por las economías ilegales desarrolladas en torno al narcotráfico en Colombia, no es aislado, ni se limita territorialmente al territorio colombiano. De hecho, el sistema traspasa las fronteras de los Estados y se constituye como un verdadero sistema transnacional, fruto de la alta demanda de estupefacientes en diferentes lugares del mundo, lo que genera el incentivo para producirlos y transportarlos a los grandes centros de consumo global. En este sentido, Prieto (2013) subraya en relación con las Bacrim, que miembros de sus brazos armados o financieros mantienen presencia física constante en países limítrofes con debilidades en las zonas fronterizas, como Venezuela, Ecuador o Perú. Además, tienen estrechos vínculos con organizaciones delictivas locales en países con alta participación en eslabones importantes del narcotráfico, como es el caso de México. Sus contactos se extienden también a países como Honduras y Panamá en Centro-América, y Argentina, Bolivia y Paraguay en Suramérica, con el fin de llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de bienes, lavado de activos y testaferrato. Así mismo, mantienen puntos de enlace para el narcotráfico en otros países de Suramérica como Brasil y Chile, y su ámbito de acción e influencia llega incluso hasta los mercados de destino, y en particular hasta los EEUU (donde para septiembre de 2011 más de un centenar de personas relacionadas con las Bacrim habían sido acusados en el sur de Florida) y Europa (especialmente, España). Para poder desplegar sus actividades a lo largo del tiempo, las Bacrim, al igual que otras organizaciones del crimen transnacional organizado, requieren, entre otras cosas, disponer de una conexión estructural con los poderes públicos (administrativo, legislativo y judicial) y privados (en particular el sector financiero) del ámbito en el que operan, lo que hace que la corrupción juegue ‘un papel medular’ en sus actividades (Domine, 2007). Esta conexión estructural entre las organizaciones del crimen transnacional organizado y los poderes públicos y privados del ámbito en el que operan, ha sido especialmente analizada en relación con los cárteles del narcotráfico mexicanos. Estos actúan junto a funcionarios públicos corruptos o dentro de un marco de aquiescencia, complacencia, no intervención o incorrecta intervención del Estado (Rexton, 2016). En consecuencia, agencias y agentes estatales coparticipan activa o pasivamente de las actividades criminales (Medel & Thoumi, 2014). Además, una vez establecidos los pactos corruptos, la violencia se aplica no solo entre competidores por el mercado ilegal, sino también contra los funcionarios públicos no corruptos (Paternostro, 1995).Esta situación, permite que, debido a su estrecho contacto con el sistema financiero legal y con el sistema político encargado de diseñar la legislación y promover su aplicación, las organizaciones del crimen transnacional organizado, como las Bacrim y los cárteles mexicanos, no lleven a cabo sus transacciones ilícitas aprovechándose de ‘vacíos legales’, sino de la interacción social con las autoridades en los territorios y jurisdicciones en los que realizan sus actividades (Kleemans, 2014).A la luz de lo anterior, Rodríguez (2010) subraya que este tipo de organizaciones constituye una de las principales amenazas que enfrenta en este momento América Latina, lo cual es confirmado por Garzón (2012) cuando afirma que ‘el crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina, posicionándose como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales, y poniendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático’. En consecuencia, la existencia de organizaciones como las Bacrim o los cárteles mexicanos se considera como una amenaza importante para las instituciones, puesto que su poder socio- económico les permite sobornar funcionarios, interferir en procesos democráticos, afectar la manera en que ciudadanos y comunidades se relacionan con la institucionalidad (perpetuando escenarios de ilegalidad) y propiciar el retroceso de la acción de los Estados en materia de política social, administración de justicia y gobernanza local (Olasolo & Galain 2018). A esto hay que añadir que los costos humanos y sociales de la actuación de las Bacrim son muy altos, debido al elevado número de homicidios, secuestros extorsivos, actos de terror hacia la población y desplazamientos forzado que cometen, además de los problemas de salud pública derivados del micro-tráfico de drogas que generan en las comunidades en las que operan.Ante esta situación, se observa que las antiguas estructuras jurídicas de prevención, control y sanción, tanto en el ámbito interno, como en el internacional, han quedado obsoletas para enfrentar con eficacia a auténticas organizaciones profesionales del crimen transnacional en Colombia y las Américas, que tienen como medio de vida las transacciones prohibidas, conocen en detalle el área en el que operan, obtienen unos beneficios que superan el producto interior bruto de una buena de los Estados de la región, y tienen como elementos centrales de su actividad: (i) la corrupción de los distintos poderes públicos y privados en los distintos ámbitos materiales y territoriales (local, regional, nacional e internacional) en los que actúan; y (ii) el uso de los últimos avances tecnológicos y de las posibilidades que ofrece un sistema financiero global desregulado (Hagan, 1983; Zaffaroni, 1999; Aronowitz, 2003; Obokata, 2006).En este contexto, se plantea la necesidad de recurrir al derecho internacional para incrementar la eficacia de la respuesta jurídica frente a estas organizaciones y a sus prácticas de corrupción. El presente proyecto se dirige a proponer medidas para el fortalecimiento de la respuesta a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado ofrecida por el derecho internacional. Para ello, se abordarán en particular las herramientas que ofrece el derecho penal transnacional y el derecho internacional penal. Así mismo, se estudiará si la eficacia de dichas herramientas podría verse reforzada por la utilización de algunos de los mecanismos de aplicación del derecho internacional penal, como sería la creación de una Corte Latino- Americana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado (con inclusión, o no, de una agencia supranacional de recogida y análisis de información). Este análisis será complementado con el estudio de las implicaciones de la creación de una institución de estas características desde la perspectiva de las relaciones internacionales.

Con respecto a los productos y resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento, cabe destacar:
1. La publicación de un libro de investigación en editorial internacional tras su sometimiento a un proceso de revisión anónima por pares. Se considera que el texto podría ser idóneo para ser publicado en la Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia Internacional, que es publicada por la Editorial Tirant lo Blanch (España) en coedición con el Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (Países Bajos) y el Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil).

2. La publicación de dos artículos de investigación en revistas indexada en Scopus (cuartiles Q-1 a Q-3) en el que se desarrollen las principales conclusiones alcanzas en el libro de investigación, sobre: (i) cuáles son las medidas más adecuadas para el fortalecimiento de la respuesta a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado ofrecida en la actualidad por el derecho internacional; y (ii) cuales son las implicaciones de la creación de una institución de las características de COPLA desde la perspectiva de las relaciones internacionales.

Con respecto a los productos y resultados esperados de las actividades de formación esperados, destaca la formación de: (i) un estudiante de la Maestría en Derecho Internacional; (ii) un joven investigador; y (iii) dos estudiantes de pregrado, que actualmente forman parte de la Clínica Jurídica Internacional que la Universidad del Rosario realiza en alianza con el IIH y con la Oficina de Defensoría Pública de Víctimas de la Corte Penal Internacional. Todos ellos desarrollarán aptitudes investigativas y competencias en la recopilación y análisis de fuentes primarias y secundarias de información, y en la organización y participación en seminarios que ofrezcan la oportunidad de compartir experiencias con funcionarios nacionales, regionales e internacionales que trabajen en organismos de prevención y lucha contra la corrupción transnacional.

Para ello, el estudiante de maestría, el joven investigador y los dos estudiantes de pregrado tendrán como tutor al investigador principal del proyecto (profesor Olásolo), y teniendo en cuenta la tarea asignada de acuerdo al plan de trabajo y a la coyuntura, interactuarán con el resto de co-investigadores. Además, las revisiones de los avances de investigación realizadas por el estudiante de maestría, el joven investigador y los dos estudiantes de pregrado estarán a cargo de su tutor, y tendrán como objetivo guiar apropiadamente su investigación y realizar ajustes en la articulación de sus proyectos.