Judges and rural property. The Missing Link in Public Land Policy

Proyecto

Descripción

Durante los últimos 30 años se han implementado en Colombia políticas públicas direccionadas a garantizar el acceso progresivo a la propiedad a través de la asignación de activos rurales. Sin embargo, sus efectos han sido limitados y aún, después de numerosas políticas y legislación sobre la materia, la regulación de los derechos de propiedad rural sigue siendo un tema pendiente en el país. La evidencia de los estudios y las evaluaciones sobre el tema muestra que hay una falla en los diseños institucionales que se crean para la implementación de estas políticas, procesos de los que son partícipes, entre otras entidades, los jueces de la república cuyo papel no ha sido suficientemente explorado. Este proyecto pretende indagar sobre el papel de los jueces en la asignación de derechos de propiedad, tanto en el diseño como en la ejecución de la política pública y las instituciones normativas.
Distintos análisis sobre los diseños institucionales y las ejecuciones de dichas políticas, que dan cuenta de la inestabilidad de los derechos de propiedad en el país y su relación con la violencia y las capacidades estatales, muestran los obstáculos y las fallas que han tenido los distintos intentos por regular los derechos de la propiedad rural. Encontramos, por ejemplo, en la literatura nacional aquella que se refiere a los derechos de propiedad y que aborda sobre todo la relación entre la estructura de la propiedad y el origen y persistencia de los ciclos de violencia en Colombia (Peña & Zuleta 2018; Peña 2018; Acero & Parada 2017). Adicionalmente, encontramos los análisis sobre i) la expansión de la frontera agrícola y la progresiva concentración de la propiedad (LeGrand [1988] 2016; Kalmanovitz & López 2006); ii) la relación entre élites locales y partidos políticos con la asignación de derechos (Reyes 2009; Gutiérrez Sanín 2014; Machado 2009); y, iii) los diseños normativos sobre la regulación de activos fijos rurales (Peña-Huertas, et al. 2017; Peña-Huertas & Zuleta 2018).
Con respecto a esta última, han sido pocos los autores que se han encargado de estudiar el surgimiento de los derechos de propiedad desde el código civil y de las transformaciones en los regímenes de propiedad (Acero & Parada 2017). Sin embargo, autores como Gallo (2010) y Rengifo (2011) cuestionan, respectivamente, la incapacidad del Estado para expandir e implementar los derechos de propiedad en el territorio nacional, y la eficiencia del derecho civil, que define la propiedad en el país, para atender nuevas realidades sociales, por ejemplo, la propiedad colectiva. De igual manera, trabajos como el de Céspedes et al. (2015) hacen un ejercicio por indagar sobre el surgimiento de la propiedad privada y la definición de la Corte Suprema de Justicia a la hora de entender los baldíos. Finalmente, la literatura en esta materia coincide que las causas de la inestabilidad en los derechos de propiedad es que el “Estado colombiano ha sido incapaz de administrar y defender la propiedad privada, y en este sentido, carece de las capacidades y la infraestructura para lograr dicho objetivo” (Acero & Parada 2017). Así, aunque se reconozca el papel del sistema jurídico en relación con la capacidad del Estado y la importancia del derecho civil para administrar la propiedad privada, el ejercicio de los jueces y sus prácticas como agentes dentro de esta institucionalidad no han sido explorados aún.
Ahora bien, esto es aún más problemático al evidenciar que su papel es una pieza central para la adecuada realización de las políticas y legislación que busca asignar derechos de propiedad. Las más destacadas de estas iniciativas estatales son la Ley 1448 de 2011 y el Programa para la Formalización de la Propiedad Rural de 2010. Ambas abren la puerta a nuevos análisis en los que se debe considerar el papel de los jueces en los asuntos relacionados con el acceso a la propiedad rural.
En primer lugar, con la Ley 1448, que tiene vigencia hasta el 2021, se pretende restablecer los derechos de propiedad de las víctimas de desplazamiento y abandono forzado sobre aquellos predios afectados por el conflicto armado después de 1991. Con este fin, se creó toda una cadena institucional especial para que atienda este tema con las especificidades que requiere. Dentro de este diseño institucional, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, se encarga de llevar a cabo todos procesos de las víctimas reclamantes, documentar los casos, recoger la evidencia y presentarla ante los jueces civiles del circuito, especializados en restitución de tierras; para que sean ellos, como autoridades judiciales competentes, quienes restablezcan los derechos de propiedad.
En temas específicos de la judicatura se contemplaron, dentro del mencionado diseño, las Salas Especializadas en materia de restitución de tierras. En esta, jueces y magistrados, deciden sobre los derechos de propiedad que fueron afectados por el conflicto armado, además, tienen la potestad de emitir órdenes complementarias de reparación, como por ejemplo el acceso a salud de las víctimas y la creación de proyectos productivos; decisiones que, en ocasiones, comprometen el gasto público por parte de las entidades territoriales, por ejemplo, cuando se ordena la construcción de escuelas o carreteras. Sus decisiones muestran la obediencia a principios constitucionales encaminados a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, en el marco de un proceso transicional con una apuesta transformadora de las condiciones en las que se causó el despojo o abandono de tierras rurales (Quinche et al. 2015).
Finalmente, el Programa de Formalización de la Propiedad Rural (Resolución 0452 de 2010 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) pretende promover el acceso a la propiedad de la tierra y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Para lograr este propósito, se le ha encargado a los jueces recibir los expedientes, conformados por los Grupos Técnicos de Formalización para cada caso, y tomarlos como prueba suficiente de la identificación, ubicación, situación jurídica, social, económica y de uso y destinación del inmueble a formalizar; al momento de conocer y dar trámite al caso. En corcondancia con este programa se emitió la Ley 1561 de 2012, en la cual se establece un proceso especial para otorgar títulos de propiedad a poseedores de bienes inmuebles y sanear la falsa tradición. En el articulado se plasman las competencias de los jueces en lo que se refiere a la procedibilidad y rechazo de las demandas, así como inspecciones judiciales, trámites de las oposiciones cuando haya lugar a ellos, y la emisión de sentencias y solución de los recursos presentados frente a estas. Sin embargo, estas son solo enunciaciones de lo que se encuentra redactado con la intención de regular el tema de la propiedad rural; no evidencian realmente las prácticas judiciales que se han adoptado en los despachos como respuesta a estas políticas y legislaciones.
Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1448 y con la ejecución del Programa de Formalización del Ministerio de Agricultura, surgen interrogantes en torno al rol que asumen los jueces y magistrados de las jurisdicciones civil y contencioso administrativa frente a la asignación de derechos de propiedad. Por ende, este proyecto busca indagar sobre el papel de los jueces dentro de los dos diseños institucionales más recientes para la la asignación de derechos de propiedad y cómo su labor contribuye o restringe el óptimo desarrollo de los programas agrarios.

Key findings

Tres (3) reportes semestrales que serán publicados en la página web de la red de investigación del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.
Dos (2) artículos publicables en revistas nacionales reconocidas por Colciencias, incluyendo uno sobre la práctica de la metodología sociojurídica.
Capacitación de investigadores por medio del fortalecimiento de capacidades de investigación en metodología sociojurídica
Vinculación de dos (2) estudiantes de pregrado, un estudiante de maestría y uno de doctorado en la investigación
Vinculación de dos (2) jóvenes investigadores
Título cortoLos jueces y la propiedad rural
SiglaJPREPPPST
EstadoActivo
Fecha de inicio / finalización efectiva4/1/194/1/21

Keywords

  • Interno