Detalles del proyecto
Descripción
En Costa Rica, el pasado domingo 4 de marzo, 25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, y con la significativa participación del público, adoptaron por consenso un histórico tratado internacional que crea estándares de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, conocidos como los tres pilares de la democracia ambiental, consagrados desde 1992 en el Principio 10 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Este acuerdo regional ahora denominado “Acuerdo de Escazú” se empezó a negociar desde 2014 bajo la secretaría técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y alcanzó nueve rondas de discusión, en las cuales la profesora Lina Muñoz participó en su totalidad y en donde se hizo parte de redes nacionales e internacionales sobre el tema.
El objetivo de este novedoso instrumento jurídico es garantizar la completa y efectiva implementación en la región de los derechos de acceso en la gestión ambiental con el fin de contribuir a la protección de los derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Este acuerdo de carácter vinculante es un triunfo colectivo sin precedentes para América Latina y el Caribe al incorporar medidas de avanzada sobre temas ambientales.
¿Cómo podría incidir el Acuerdo de Escazú en la Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe, y particularmente en Colombia?
Colombia y en general, los países de América Latina y el Caribe han recorrido un camino voluntario durante más de 25 años hacia la construcción de una arquitectura institucional y normativa para la materialización de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. El surgimiento del Acuerdo de Escazú sobre este tema, marca una nueva ruta hacia el futuro que plantea un tránsito desde las acciones nacionales de carácter discrecional hacia un compromiso vinculante por garantizar la efectividad de estos derechos.
El panorama actual de América Latina y el Caribe y el colombiano en este aspecto, muestran por una parte la existencia de diversos desarrollos jurídicos y de políticas y prácticas que reflejan avances positivos y por otra, que sin duda se requiere un esfuerzo de mayor magnitud para dejar de ser la región y el país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y amenazas a los defensores, y que justamente, el Acuerdo de Escazú plantea respuestas frente a dicha situación.
Dentro de los beneficios del Acuerdo para los países que se hagan parte del mismo, en materia de gobernanza ambiental, se encuentran la oportunidad de fortalecer sus instituciones y trabajar sobre las debilidades de los marcos legales y de política pública, así como el establecer estándares mínimos de implementación que se conviertan en un piso común para la lucha contra las problemáticas ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte; y de asistencia, movilización de recursos y cooperación Sur - Sur entre los países latinoamericanos y caribeños. De igual forma, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas de protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y que se les generen entornos seguros.
La entrada en vigor del Acuerdo determinará múltiples oportunidades para robustecer la gobernanza ambiental, pero de igual forma, requerirá de altas dosis de voluntad política por parte de los gobiernos para lograr los ajustes internos necesarios que permitan que sus disposiciones permeen las estructuras nacionales; y de procesos de articulación que propicien alianzas desde un enfoque multi-nivel y multi-actor. Así mismo, el Acuerdo de Escazú ingresa al derecho internacional ambiental, con una perspectiva de derechos humanos en la gestión ambiental y con una mirada procedimental que complementa el contenido del derecho al ambiente sano y busca el logro del desarrollo sostenible.
Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales también han sido reconocidos por las Naciones Unidas como un instrumento fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un medio para que los países de la región, como Colombia, puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales y de la OCDE.
Ahora que la negociación culminó, los países de la región se encuentran en un momento clave pues tienen la tarea de iniciar los trámites nacionales de firma, aceptación o ratificación e implementación. Colombia tiene que tomar la decisión de entrar o no en el acuerdo y de hacerlo, el trámite para su ingreso tomará aproximadamente en total tres años entre el Congreso, la Corte Constitucional y en la Cancillería, por lo cual todas las investigaciones y acciones que se desarrollen en este momento serán determinantes.
Cuando al menos 11 naciones lo hayan ratificado, este acuerdo entrará en vigencia. El acuerdo compuesto por 26 artículos estará abierto a la firma de cualquiera de los 33 países de América Latina y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020.
El objetivo de este novedoso instrumento jurídico es garantizar la completa y efectiva implementación en la región de los derechos de acceso en la gestión ambiental con el fin de contribuir a la protección de los derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Este acuerdo de carácter vinculante es un triunfo colectivo sin precedentes para América Latina y el Caribe al incorporar medidas de avanzada sobre temas ambientales.
¿Cómo podría incidir el Acuerdo de Escazú en la Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe, y particularmente en Colombia?
Colombia y en general, los países de América Latina y el Caribe han recorrido un camino voluntario durante más de 25 años hacia la construcción de una arquitectura institucional y normativa para la materialización de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. El surgimiento del Acuerdo de Escazú sobre este tema, marca una nueva ruta hacia el futuro que plantea un tránsito desde las acciones nacionales de carácter discrecional hacia un compromiso vinculante por garantizar la efectividad de estos derechos.
El panorama actual de América Latina y el Caribe y el colombiano en este aspecto, muestran por una parte la existencia de diversos desarrollos jurídicos y de políticas y prácticas que reflejan avances positivos y por otra, que sin duda se requiere un esfuerzo de mayor magnitud para dejar de ser la región y el país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y amenazas a los defensores, y que justamente, el Acuerdo de Escazú plantea respuestas frente a dicha situación.
Dentro de los beneficios del Acuerdo para los países que se hagan parte del mismo, en materia de gobernanza ambiental, se encuentran la oportunidad de fortalecer sus instituciones y trabajar sobre las debilidades de los marcos legales y de política pública, así como el establecer estándares mínimos de implementación que se conviertan en un piso común para la lucha contra las problemáticas ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte; y de asistencia, movilización de recursos y cooperación Sur - Sur entre los países latinoamericanos y caribeños. De igual forma, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas de protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y que se les generen entornos seguros.
La entrada en vigor del Acuerdo determinará múltiples oportunidades para robustecer la gobernanza ambiental, pero de igual forma, requerirá de altas dosis de voluntad política por parte de los gobiernos para lograr los ajustes internos necesarios que permitan que sus disposiciones permeen las estructuras nacionales; y de procesos de articulación que propicien alianzas desde un enfoque multi-nivel y multi-actor. Así mismo, el Acuerdo de Escazú ingresa al derecho internacional ambiental, con una perspectiva de derechos humanos en la gestión ambiental y con una mirada procedimental que complementa el contenido del derecho al ambiente sano y busca el logro del desarrollo sostenible.
Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales también han sido reconocidos por las Naciones Unidas como un instrumento fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un medio para que los países de la región, como Colombia, puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales y de la OCDE.
Ahora que la negociación culminó, los países de la región se encuentran en un momento clave pues tienen la tarea de iniciar los trámites nacionales de firma, aceptación o ratificación e implementación. Colombia tiene que tomar la decisión de entrar o no en el acuerdo y de hacerlo, el trámite para su ingreso tomará aproximadamente en total tres años entre el Congreso, la Corte Constitucional y en la Cancillería, por lo cual todas las investigaciones y acciones que se desarrollen en este momento serán determinantes.
Cuando al menos 11 naciones lo hayan ratificado, este acuerdo entrará en vigencia. El acuerdo compuesto por 26 artículos estará abierto a la firma de cualquiera de los 33 países de América Latina y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020.
Palabras clave
1.Elaborar un diagnóstico nacional sobre el estado actual de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales -pilares de la democracia ambiental- en Colombia.
2. Identificar los principales retos jurídicos e institucionales para la ratificación del Acuerdo de Escazú Colombia.
3.Fortalecer las capacidades de los diferentes sectores sociales en materia de democracia ambiental a partir de los contenidos del Acuerdo de Escazú.
4.Incidir en el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ante el poder legislativo
2. Identificar los principales retos jurídicos e institucionales para la ratificación del Acuerdo de Escazú Colombia.
3.Fortalecer las capacidades de los diferentes sectores sociales en materia de democracia ambiental a partir de los contenidos del Acuerdo de Escazú.
4.Incidir en el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ante el poder legislativo
| Estado | Finalizado |
|---|---|
| Fecha de inicio/Fecha fin | 2/5/19 → 1/8/20 |
Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Este proyecto contribuye al logro de los siguientes ODS:
Fuente principal de financiación
- Fondos Concursables
- Fondos de arranque
Localización
- Bogotá D.C.
Huella digital
Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.