Por Juan Camilo Moreno
Redacción Nova Et Vetera
Resaltando los desmanes ocurridos en varios centros penitenciaros del país en las últimas semanas, la Universidad del Rosario, preocupada por los temas coyunturales de nuestra realidad, analiza la situación carcelaria a través de sus docentes y académicos expertos.
La noche del pasado 21 de marzo se cubrió de incertidumbre y violencia para algunos centros penitenciarios del país. Con motines, intentos de fuga y mensajes agresivos, los presos de diferentes cárceles a lo largo del territorio nacional, exigieron medidas certeras para evitar que el virus COVID – 19 llegue hasta las instalaciones donde cumplen condena. El hacinamiento en las cárceles del país incomodó en silencio, para ahora hacer ruido y pedir respuestas ante la crisis mundial.
En la cárcel Modelo de Bogotá, según la ministra de Justicia Margarita Cabello, en los motines del sábado 21 de marzo hubo enfrentamientos que dejaron 23 personas muertas y 83 heridas. Esto, solo en un centro penitenciario.
Y es que parece que la tragedia estaba advertida. El Balance Anual Sobre Desafíos Humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), presentado en el mes de enero, indica que la vida de los presos en las cárceles colombianas empeora cada año. “La inestabilidad de las políticas públicas en materia penitenciaria y carcelaria, así como el afán de solucionar los problemas más coyunturales, en lugar de los problemas estructurales, dificulta las respuestas a largo plazo”.
Nos encontramos en un periodo difícil, donde el COVID – 19 amenaza gran parte de la población, y las cárceles no están aisladas a esta realidad. El profesor y epidemiólogo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, Carlos Enrique Trillos, afirma que en las prisiones la transmisión del virus tiene todas las facilidades, por lo que el contagio, fácilmente, puede superar al 50% de la población carcelaria. Este grupo encierra a reclusos, guardias, empleados de oficios generales, funcionarios administrativos, personal de salud, contratistas y visitantes, incluidos los que van a realizar obras sociales.
“Un brote en una cárcel puede llegar a ser de grandes proporciones, con compromiso de más de la mitad de las personas dentro de estos centros y un riesgo elevado de transmisión a la comunidad. Un problema prioritario de salud pública. Adicionalmente, en la población carcelaria, la letalidad por COVID-19 puede ser mayor, dadas las condiciones de hacinamiento, el elevado número de personas con otras enfermedades como la tuberculosis, HIV-SIDA y hepatitis, con una prevalencia documentada en varios estudios epidemiológicos, sumado a los bajos recursos de atención sanitaria”, explica el Dr. Carlos Trillos.